El sistema de pagos inmediatos Bre-B, desarrollado por el Banco de la República y lanzado oficialmente el pasado 6 de octubre, se consolidaba como uno de los mayores avances en inclusión y transformación financiera del país. Sin embargo, a menos de dos semanas de su entrada en operación, surgió una alerta: el Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto que busca gravar con retención en la fuente del 1,5% las transacciones digitales realizadas por medio de plataformas como Bre-B y otras billeteras electrónicas.
La iniciativa pretende “equiparar la cancha” en materia tributaria, argumentando que los comercios que reciben pagos digitales deben estar sujetos a las mismas condiciones que aquellos que reciben pagos con tarjetas de crédito o débito, que ya tienen este tipo de retención.
No obstante, diversos actores del sector financiero advierten que la medida podría afectar gravemente el desarrollo del ecosistema digital de pagos en Colombia y desincentivar el uso de canales electrónicos, especialmente entre microempresarios y comercios pequeños.
Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, calificó el proyecto como “de inmensa gravedad”, asegurando que imponer cargas fiscales a las transacciones digitales es “la lápida que termina por eliminar los beneficios que este tipo de sistemas deberían traer”.
El dirigente recordó el caso de Brasil, donde el sistema de pagos inmediatos PIX —inspiración para Bre-B— logró incluir a más de 70 millones de personas que estaban fuera del sistema financiero, gracias a su gratuidad y facilidad de uso. “En Colombia, un país donde este sistema ni siquiera ha nacido, ya estamos pensando en cómo matarlo vía tributación”, advirtió Santos, comparando la medida con “ordeñar la vaca antes de que dé leche”.
Según cifras del Banco de la República, al 21 de octubre ya se habían registrado 90,1 millones de llaves en la plataforma, pertenecientes a 33 millones de colombianos que han empezado a usar Bre-B para realizar pagos y transferencias inmediatas, gratuitas y seguras.
Desde el Banco Central se analiza el proyecto de decreto, aunque aún no se ha hecho una declaración oficial sobre el impacto que podría tener sobre el funcionamiento y adopción del nuevo sistema.
Mientras tanto, expertos del sector cooperativo, fintech y microfinanciero coinciden en que gravar las transacciones digitales podría frenar los avances en inclusión, bancarización y formalización, pilares esenciales para modernizar la economía y reducir el uso del efectivo.