$1.400 millones serán destinados al campo en el Huila

Mediante el concepto de vigencias futuras, el ente gubernamental señaló que estos recursos “permitirán hacer más competitivo y sostenible el campo huilense”.

En total 13 proyectos de ordenanza fueron aprobados por la Asamblea Departamental del Huila, al cierre del cuarto y último periodo de sesiones extraordinarias de 2022 por un moto de $117.102.037.209. Estas iniciativas además pasarán a sanción del gobernador Luis Enrique Dussán López.

En el caso de la Secretaría de Agricultura y Minería, fue aprobada la ordenanza No. 74 de 2022, por $1.465.094.064, para la ejecución de 12 proyectos que buscan fortalecer y hacer más competitivo y sostenible el sector agropecuario.

$94.832.640 estarán direccionados a fortalecer la implementación del ordenamiento productivo y social de la propiedad  rural y su función vinculante con el ordenamiento territorial, entre otras inversiones que se destacan.

$208.806.494 Tendrán como destino el fortalecimiento de los laboratorios de suelos – LABGAA, geomática, topografía, y de aguas de la facultad de ingeniería de la Universidad Surcolombiana sede Neiva. Este proyecto permitirá enriquecer todos los trabajos en el entorno productivo, académico, investigativo, proyección social, ventas de servicios del sur de Colombia y así potencializar todas las cadenas productivas del sector agropecuario desde la academia.

$444.026.468 permitirán adelantar la adecuación de la plaza de mercado del centro poblado de Belén y la plaza de mercado del municipio de Nátaga, mejorando las condiciones de comercialización de los productos agropecuarios, en especial los de pequeños productores quienes no cuentan con esquemas claros y procesos adecuados de producción y comercialización.

Además, $339.579.818 estarán direccionados al fortalecimiento de unidades productivas ambientalmente sostenibles de pequeños productores agrícolas y pecuarios de los municipios de Baraya, Gigante, Guadalupe, Paicol, Palermo, Tarqui y Teruel.  El apoyo está direccionado principalmente a los productores, habitantes del sector rural, organizaciones y entidades territoriales para proyectos que optimicen los rendimientos económicos y la calidad de sus actividades productivas, que garanticen la sostenibilidad del medio ambiente y mejoren las condiciones de vida de las poblaciones beneficiarias.

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