Las cooperativas de ahorro y crédito en Colombia continúan consolidándose como actores clave en la inclusión financiera del país. A pesar de un contexto económico marcado por inflación, altas tasas de interés y mayores desafíos para la recuperación de cartera, el sector logró sostener su operación, ampliar su alcance crediticio y fortalecer sus indicadores de respaldo prudencial.
Entre 2022 y 2025, la cartera bruta de las cooperativas pasó de $16,19 billones a $19,71 billones, con un crecimiento acumulado cercano a $3,52 billones. Incluso, para febrero de 2026 el saldo ya alcanzaba los $20,02 billones, reflejando una dinámica positiva impulsada especialmente durante el último año analizado, cuando la cartera aumentó cerca de $1,89 billones frente a 2024.
Más allá del crecimiento, el sector evidenció una evolución estructural enfocada en la sostenibilidad del crédito y la contención del riesgo. Este comportamiento demuestra una mayor capacidad de expansión sin comprometer la estabilidad del activo, en medio de un entorno financiero más exigente.
Uno de los aspectos más relevantes del análisis es el fuerte componente social de la cartera cooperativa. La mayor concentración del crédito se mantiene en los estratos 2 y 3, con saldos de $6,14 billones y $6,62 billones, respectivamente, mientras que el estrato 1 registra $2,60 billones. Estos resultados reflejan el papel de las cooperativas como canal de financiamiento para hogares trabajadores y población con alta dependencia del crédito formal.
En contraste, los estratos 5 y 6 tienen una participación considerablemente menor dentro de la estructura de cartera, con $0,83 billones y $0,37 billones, respectivamente, reafirmando el enfoque social y solidario del modelo cooperativo.
El informe también destaca una importante oportunidad de profundización financiera. A enero de 2026, el 34,2% de los asociados mantenía una relación crediticia activa, mientras que el 65,8% aún no contaba con vinculación crediticia, lo que representa un amplio potencial de expansión sobre la misma base social del sector.
A esto se suma la entrada en vigor del Decreto 627 de 2023, que permitió la vinculación de micro, pequeñas y medianas empresas a las cooperativas de ahorro y crédito, abriendo nuevas posibilidades para diversificar la colocación y fortalecer el acompañamiento financiero a unidades productivas.
En materia de desembolsos, la dinámica se mantuvo estable y positiva. Los créditos otorgados a personas naturales crecieron de $9,15 billones en 2022 a $10,98 billones en 2025, mientras que los desembolsos a personas jurídicas pasaron de $0,21 billones a $0,27 billones. Además, el número de operaciones anuales para personas naturales se mantuvo por encima del millón, reflejando una alta capacidad de colocación.
La presencia institucional en 465 municipios del país continúa siendo uno de los principales diferenciadores del modelo cooperativo, permitiendo llevar servicios financieros a municipios intermedios y zonas con menores niveles de bancarización.
Respecto al comportamiento de pago, el indicador de cartera vencida mostró una moderada estabilización tras alcanzar niveles máximos en 2024. Luego de pasar de 4,1% en 2022 a 5,7% en 2024, el indicador se ubicó en 5,3% en 2025 y en 5,5% a febrero de 2026. Los mayores niveles de sensibilidad continúan concentrándose en consumo sin libranza, cartera comercial y microcrédito.
No obstante, uno de los indicadores más relevantes para el sector sigue siendo la cobertura de cartera vencida, que permaneció por encima del 120% durante toda la serie analizada, alcanzando 131,73% a febrero de 2026. Este comportamiento evidencia una capacidad sostenida de respaldo y absorción del riesgo crediticio por parte de las cooperativas.
El principal reto hacia adelante será transformar este potencial de crecimiento en una expansión sostenible, fortaleciendo la inclusión financiera sin comprometer la calidad de cartera ni la estabilidad patrimonial del sector.
Para ampliar estas cifras y hallazgos, los interesados podrán consultar el documento completo adjunto a esta nota.
Fuente: Superintendencia de la Economía Solidaria