El Consejo Nacional de Política Económica y Social ha publicado el documento Conpes 4005 relativo a la política nacional de inclusión económica y financiera, documento sobre el cual Confecoop realizó observaciones, previo a su expedición, que buscaron la inclusión del sector cooperativo como actor estratégico en esta materia.
Esta política tiene como objetivo integrar los servicios financieros a las actividades cotidianas de los ciudadanos y de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), atendiendo sus necesidades y generando oportunidades económicas para contribuir al crecimiento e inclusión financiera del país.
El documento diseñó un plan de acción para mejorar la provisión de servicios financieros pertinentes a toda la población, a través de cuatro estrategias, a saber:
- Ampliación y pertinencia de la oferta de productos y servicios financieros a la medida
- Generación de mayores competencias, conocimiento y confianza en el sistema financiero
- Fortalecimiento de la infraestructura financiera y digital para un mayor acceso y uso de servicios financieros formales
- Presentación de una propuesta para una gobernanza institucional que permita mayor articulación en la implementación de las estrategias de educación e inclusión financiera
Un elemento que llama la atención en el documento es que, al discriminar según el tipo de entidad financiera, el 17 % de la población cuenta al menos con un crédito de un banco, el 8,6 % de una cooperativa y el 0,2 % de una Organización No Gubernamental (ONG). Lo anterior muestra que las cooperativas, pese a tener sólo un 3% de la cartera del sistema, logran una participación equivalente a la mitad de lo que tienen los bancos sobre el total de la población, es decir, las cooperativas son un mayor y mejor mecanismo de inclusión financiera que la banca tradicional.
De la misma forma, el documento señala que los intermediarios micro financieros están presentes en mayor proporción en los territorios rurales y rurales dispersos. Mientras las entidades bancarias privadas solamente tienen una participación del 11 % en municipios rurales y rurales dispersos, la participación de las cooperativas financieras, de ahorro y crédito, fondos de empleados y asociaciones mutuales vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria es del 24 %, ratificando nuevamente el rol relevante de las cooperativas para dar acceso a población excluida del sistema financiero tradicional.
Se señala en el documento que a pesar del importante papel que cumplen muchas cooperativas de ahorro y crédito no siempre cuentan con cupos ni recursos suficientes por parte de los bancos de segundo piso para poder otorgar créditos de redescuento debido, entre otros factores, a barreras asociadas a las garantías. De acuerdo con una encuesta realizada por la Superintendencia de Economía Solidaria (2020), el 90 % de las entidades vigiladas no manejan cobertura del Fondo Nacional de Garantías (FNG), y entre las razones principales por las cuales no lo hacen es porque tienen otros convenios de garantías (25 %), manejan otro tipo de garantías (13 %), o porque resulta muy costoso para los asociados (12 %). Por otro lado, de las cooperativas que sí cuentan con cupo en el FNG se tiene que solo se ha utilizado en promedio el 35 % del cupo.
En cuanto al plan de acción formulado en este Conpes, para el sector solidario se destacan los siguientes aspectos:
4.3.1. Ampliación de la oferta de productos y servicios financieros a la medida y mejorar su pertinencia para aumentar la inclusión financiera de personas y empresas.
Línea de acción 1. Promoción del acceso de personas y empresas a más y mejores productos y servicios financieros
Con el objetivo de facilitar en uso de productos y servicios financieros diseñados a medida, la Superintendencia de la Economía Solidaria regulará el uso de la tecnología para la prestación de los servicios financieros propios de las organizaciones solidarias, con el fin de ampliar su oferta y mejorar su pertinencia. Lo anterior, en perspectiva de facilitar la inclusión financiera en el sector de la economía solidaria. Esta acción iniciará en octubre de 2020 y finalizará en diciembre de 2022.
Por otro lado, Banco de Comercio Exterior S.A otorgará microcrédito a través de entidades microfinancieras, buscando mecanismos innovadores que aumenten la cobertura del microcrédito en el país, incluyendo, pero sin limitarse a, garantías por parte de entidades multilaterales y bilaterales de desarrollo. Esta acción iniciará en octubre de 2020 y finalizará en diciembre de 2022.
4.3.2. Generación de mayores competencias, conocimientos y capacidades económicas y financieras, y confianza en el sistema financiero
Línea de acción 3. Calidad y pertinencia del programa de educación económica y financiera formal
El Ministerio de Educación Nacional con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo incluirán en el ecosistema de innovación para la educación media, en el eje de emprendimiento, la educación económica y financiera, que deberá considerar elementos como la gestión del riesgo, economía solidaria, experiencias empresariales, aproximación a ecosistemas de emprendimiento con la intención de desarrollar y fortalecer en los estudiantes de media; y habilidades que les permita analizar los riesgos y las oportunidades económicas y financieras en el marco del emprendimiento. Esta actividad iniciará en enero de 2021 y finalizará en diciembre de 2023.
Línea de acción 4. Calidad y pertinencia de los programas de educación económica y financiera no formal
Con el propósito de definir unos referentes y requerimientos mínimos de calidad y pertinencia de los programas de educación financiera no formal, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través del programa Banca de las Oportunidades, con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, definirá y socializará los contenidos mínimos que deben ofrecer los programas de educación financiera no formal dirigido a población vulnerable, población rural, mujeres y microempresarios. Esta actividad iniciará en enero de 2021 y culminará en diciembre de 2022.
En segundo lugar, desde 2021 y hasta 2025, la Superintendencia Financiera de Colombia implementará un sello de calidad para las entidades vigiladas por la entidad, conducente a la certificación de sus programas. De la misma manera, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias implementará un sello de calidad a los programas de educación económica no formal de las entidades del sector solidario con el fin de que las entidades participantes certifiquen sus programas y ofrezcan contenido pertinente y de calidad. La entidad realizará los primeros avances y socializaciones con las entidades durante 2021 e iniciará el otorgamiento de dicho sello en 2022.
Línea de acción 5. Mayor claridad y confianza sobre los productos y servicios Financieros
Para mejorar la confianza que tienen personas y empresas sobre las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas multiactivas e integrales, asociaciones mutuales y fondos de empleados se realizarán las siguientes acciones por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria:
- Crear reportes de información sobre costos de productos de captación y colocación, para los consumidores financieros de las entidades de la economía solidaria que prestan servicios financieros. Estos reportes de información se realizarán con una periodicidad trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre) y permitirán medir avances y retos de la actividad financiera del sector solidario y en consecuencia, una mejor toma de decisiones de política (esta acción inicia en enero de 2021 y finaliza en junio de 2024);
- Ajustar la circular jurídica y actualizar la guía de buen gobierno cooperativo para mejorar las políticas, guías e instrucciones sobre la implementación de códigos de buen gobierno cooperativo, de acuerdo con los criterios establecidos en el Decreto 962 de 2018 (incorporado en el Título 11 a la Parte 11 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público), esta actividad iniciará en junio de 2021 y finalizará en junio de 2022;
- Implementar la supervisión basada en riesgos con el objetivo de mejorar la gestión de riesgos de las entidades de la economía solidaria que prestan servicios financieros y sus capacidades y la prestación de servicios a la población. Esta acción inicia en octubre de 2021 y finaliza en diciembre de 2025.
Adicionalmente, y en línea con el objetivo de mejorar la confianza de estos usuarios, la Superintendencia de Industria y Comercio, con apoyo de la Superintendencia de Economía Solidaria crearán reportes de información respecto de las causas de sanción impuestas por la Delegatura de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio y las sentencias proferidas por la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de esta, en materia de protección al consumidor, relacionados con servicios financieros del sector solidario.
Estos reportes se realizarán de manera semestral (primer semestre de octubre a marzo y segundo semestre de abril a septiembre) y se publicarán por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en mayo y noviembre de cada año. La Superintendencia de Industria y Comercio remitirá la información de presuntas causas y sub causas a la Superintendencia de Economía Solidaria como insumo para la elaboración de reportes internos. Estos reportes permitirán medir avances y retos de la actividad financiera del sector solidario, y, en consecuencia, una mejor toma de decisiones de política. Esta acción inicia en octubre 2020 y finaliza en diciembre 2024.
Podrá consultar el documento completo Conpes 4005 AQUÍ