Las cifras en el país demuestran que existen más de 22,2 millones de colombianos ocupados, sin embargo, el resto decide acceder a otras formas de crédito, para salir de sus apuros.
En Colombia, la inclusión financiera se ha convertido en un asunto de gran importancia para la política pública; sin embargo, existe una brecha en la información, donde el nivel de detalle no permite desagregar la particularidad de otras dimensiones necesarias para entender aspectos que persisten en la oferta y demanda de productos y servicios financieros.
Esta falta de información deja por fuera variables de gran tamaño e importancia como lo son el acceso, uso y la calidad de estas dos primeras. Bajo este enfoque los niveles de inclusión financiera siguen siendo bajos y abren la puerta para que la población encuentre alternativas de ahorro y crédito de manera informal. En la informalidad se encuentra gran diversidad de opciones que resultan invisibles para los entes de control generando un escenario propicio para la promoción de un ámbito ilegal, libre de supervisión y de tributación.
De acuerdo con las cifras de la última encuesta de Micronegocios- EMICRON realizada por el DANE, Colombia mostraba a finales del 2021 una población ocupada de 22,2 millones de colombianos, donde 10,1 millones son trabajadores por cuenta propia y 5,2 millones son micronegocios.
Al revisar las cifras que publica Asomicrofinanzas, al cierre de enero de 2022 los operadores de microcrédito atendieron tan solo 2.7 millones de microempresarios. Es decir que aún quedan por atender el 48%, es decir 2,5 millones de unidades productivas que operan principalmente en los estratos 1,2 y 3 de la población colombiana.
Allí se ha identificado que existe una alta correlación entre el nivel de pobreza y la exclusión de productos y servicios financieros, convirtiéndose en una trampa más para que este segmento de la población pueda mejorar su calidad de vida.
Este escenario fomenta el desarrollo del sector financiero informal, en especial el de los prestamistas ilegales, que constituyen un problema no solo económico, sino social y fiscal, debido a que aprovechan su condición para lavar dineros provenientes de actividades ilícitas como el narcotrafico, el fleteo, la prostitución, el homicidio y la extorsión, entre otros, recurriendo en muchas ocaciones al uso de la violencia e intimidación para el recaudo del dinero prestado.
Los paga diarios o gota a gota aprovechan las fallas del mercado para desarrollar su negocio. Dentro de las principales brechas del sector financiero que dejan espacio para el desarrollo de este tipo de actividades de préstamo informal se han identificado:
– Para el sector financiero los créditos pequeños a plazos cortos no son atractivos para los créditos informales No existen montos mínimos para otorgar créditos, pero en promedio se manejan sumas de dinero que oscilan entre $100.000 – 2 SMMLV.
– Los créditos informales trabajan a cero costos transaccionales para el deudor al no tener que incurrir en gastos como 4xmil, seguros, papelería y estudio de crédito entre otros.
– Los prestamistas realizan acercamiento al cliente a través de la comunidad o referidos de los mismos deudores y en algunos casos “volanteros”, que se encargan de distribuir publicidad de empresas que ofrecen préstamos inmediatos.
– Estar reportado en las centrales de riesgo no es una limitante para acceder a un crédito informal.
– Los préstamos informales no requieren trámites y papeleos excesivos, solo utilizan letras de cambio con fecha abierta y pagarés.
– Los prestamistas informales identifican rápidamente necesidades y deseos de su mercado objetivo.
– Los prestamistas informales no necesitan una infraestructura robusta para desarrollar eficientemente su actividad.
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