La alianza cooperativa internacional dice que un poco más del 12% de la población mundial pertenece al cooperativismo, y se generan ingresos de aproximadamente 2,035 billones de dólares; el número de colombianos asociados al cooperativismo asciende a 6´386.170 para el 2017 es decir, 12.96% de la población, con núcleos familiares este impacto puede llegar a 19 millones de colombianos 39% de la población. (Confecoop, 2017).
Del total de asociados 3.5 millones hacen parte de cooperativas con actividades financieras, 1.8 millones a cooperativas con servicio de crédito (aportes y crédito), con lo cual el 85% de los cooperativistas en Colombia se vinculan a este modelo con el ánimo de hacer más eficiente su ahorro y obtener crédito en mejores condiciones a las ofrecidas por el sistema financiero tradicional.
El restante 15% de los asociados se encuentran vinculados a actividades de comercialización y consumo 7%, servicios empresariales 3%, agropecuarias 2%, transporte 1%, salud 1%, otras 1%. De acuerdo con Confecoop en el 2019, en Colombia 130 personas de cada 1.000 se encuentran asociadas a una cooperativa.
Según cifras del 2017 el sector cooperativo tuvo un crecimiento nominal anual del 7.8%, los activos del cooperativismo alcanzaron $41.7 billones. Por ramas de actividad estos activos del cooperativismo se distribuyen así: $29.3 billones en actividad financiera y crediticia 70%, $3 billones en actividad agropecuaria 7%, $2.7 billones en comercio y consumo 6%, $1.7 billones en actividad de seguros 4%, $1.6 billones en transporte 4%, $1.1 billones en salud 3% y $2.1 billones en otras actividades 6%.
Así mismo, al revisar la historia sobre la Economía Solidaria (Ecosol) debemos adentrarnos que hacía 1931 con la expedición de la ley 134 se dio institucionalidad al cooperativismo. En 1986 se adopta este concepto de Economía Solidaria con el decreto 2536, dando vida al Consejo Nacional de Economía Solidaria y lo reconoce como un sector de gran importancia en el entorno económico nacional. La ley 79 reorganiza las formas solidarias del cooperativismo, asociaciones mutuales y fondos de empleados, actualmente vigente. Finalmente, en 1998 se crea la ley 454 correspondiente a la Economía Solidaria.
Es decir que las cooperativas y las diferentes formas solidarias, también aportan servicios e infraestructuras que la sociedad necesita para prosperar, en este tiempo de crisis mundial es aún más visible el aporte del tercer sector a la dinámica económica que igualmente se presenta como una gran oportunidad para la “nueva normalidad”.
La era global de la información digitalizada, el acceso al conocimiento es relativamente fácil e inmediato, generando un conocimiento con aprendizaje más práctico, rápido y de forma más acertada, éstas son herramientas que permiten adecuarse a las necesidades del mercado actual para gestionar el conocimiento obtenido a través de la historia permeando a más personas y haciéndolas conscientes del pensamiento solidario.
La incorporación de este sistema introduce un escenario de aprendizaje, organización y producción de forma radicalmente diferente a todos los sistemas de economía tradicional, regido por principios y valores de carácter universal buscando como propósito resultados socioeconómicos simultáneamente; debido a que se producen bienes y servicios, para satisfacer necesidades de sus asociados, familias y hasta de la comunidad en términos generales.
Con el pasar de los años las organizaciones de los trabajadores, han incursionado en procesos productivos y de transformación, que constituyen una excelente vía de orientación, capacitación, formación y asistencia técnica adecuada, opción que permite centrar esfuerzos para futuros desarrollos solidarios, valorando los conocimientos como también saberes locales, contribuyendo de manera efectiva a la economía, sin dejar de lado la preservación ni conservación del medio ambiente. El pensamiento social como premisa hace que la economía solidaria no pueda alejarse de las tendencias en la protección de la Madre Tierra, los ODS, la sostenibilidad… optimizando el uso de los recursos naturales, garantizando la disponibilidad de estos a largo plazo.
Frente a la crisis actual las organizaciones cooperativas de todos los países han reaccionado rápida y positivamente ante la emergencia de los efectos del COVID-19 demostrando su esencia, valores y principios, pero también su característica más destacada a lo largo de los años, la capacidad de resiliencia frente a situaciones de crisis. Sin embargo, presentada la situación actual podemos evidenciar efectos sociales, económicos, culturales y ambientales, donde los afectados en mayor medida vuelven a ser los más frágiles: jóvenes, mujeres, tercera edad, migrantes, poblaciones vulnerables, grupos étnicos, las micro, pequeñas y medianas empresas. Por ello, la sociedad debe asumir el compromiso ético de aportar en la construcción de un mundo más humano, justo, solidario y sostenible para cooperar, entre todos, a la reactivación social como también económica (Sánchez, 2020)
Con base en todo lo anterior, el gobierno nacional impulsa el decreto 1340 del 8 de octubre de 2020, que había convenido con los representantes del sector cooperativo y solidario del país, el cual busca facilitar la organización con sostenibilidad de las comunidades, mediante la creación de nuevas cooperativas para el fortalecimiento de las existentes, así como la recuperación, a través del modelo cooperativo, de aquellas empresas afectadas por la pandemia.
La propuesta está orientada a promover las cooperativas de producción y servicios, el emprendimiento, la formalización de empleo o empresas, a mejorar las condiciones de los trabajadores independientes, también prestadores de servicios que les permita potenciar su oferta.
Actualmente, las cooperativas han tenido gran reconocimiento ya que de forma remota se han adaptado no solo a la crisis sanitaria, si no a la falta de empleo; y ante estas circunstancias continúan implementando acciones para mitigar el desempleo incluso contener la propagación del virus con campañas educativas dónde incluyen a sus asociados, su círculo familiar y social.
Incorporando tendencias digitales son las que impulsan acciones administrativas y logísticas ayudando en la medida de lo posible a adaptarse a un nuevo sistema para gestionar, controlar y evaluar de forma remota y virtual, diferentes tipos de encuentros apoyados en la ley, teniendo en cuenta la nueva normalidad derivada de la pandemia ante las decisiones de las autoridades locales y departamentales, que se han venido adaptando de manera rápida para responder a dichas exigencias.
Por otra parte, contar con una comisión intersectorial cuya misión será la de “armonizar las políticas, planes, programas y acciones necesarias para la ejecución transversal e integral de la política pública de la economía solidaria”, constituye un paso hacia la construcción de una política pública de gobierno, pero esto no garantiza el compromiso por parte del estado de que sea transversal e integral, compartida en los niveles nacional, regional o local, que tengan programas de apoyo como también de fomento reflejados en los presupuestos públicos.
En conclusión, la economía solidaria reúne a un conjunto de organizaciones y actividades que, a lo largo de todo el planeta, están generando un pensamiento, una práctica alternativa y solidaria de la economía en sus diferentes facetas: producción, financiación, comercio, consumo o distribución de la riqueza. Pero viendo la nueva realidad económica y social, se evidencia que aparentemente algunas empresas no están listas para una nueva economía social y solidaria. Así mismo, es preocupante pues la mayoría de las personas tienen poco grado de sensibilización, no tienen el conocimiento correcto de que es el cooperativismo y la economía solidaria, hay poco interés, falta mucha información también y comunicación sobre este sistema. Es decir, que no se tiene una verdadera cultura solidaria necesaria para hacer una transformación social.
De igual manera, sucede con las políticas de gobierno ya que no es suficiente tener normas, o una comisión intersectorial, organismo que hoy se encargaría de manejar todos estos conceptos, tampoco cuenta con el presupuesto para una verdadera voluntad política de compromiso con el sector. Valdría entonces preguntarnos si: ¿Realmente las personas, las empresas, las instituciones del estado, están listas para incorporar o adaptar a sus vidas una nueva forma de economía?
Escrito por: Erika Briceño; Manuel Valentino Vásquez Parra; María Paula Agudelo Rojas. Estudiantes del programa de Administración de Empresas-Énfasis en Gestión Social y Solidaria-Universidad La Gran Colombia.
