Por Carlos Pineda
En este período de asambleas en la economía solidaria, cuando los gerentes, los directivos y los organismos de control y vigilancia se ocupan en organizar y elaborar sus informes, estadísticas y nuevas iniciativas para someter a consideración de la máxima instancia de dirección de estas organizaciones, hemos creído útil y de importancia coyuntural considerar dos de los temas que son de importancia vital para la buena marcha de las empresas de economía solidaria.
Nos referimos al tema del buen gobierno corporativo o cooperativo y a lo relacionado con las inhabilidades e incompatibilidades que se deben conocer y atender, al momento de conformar los cuerpos directivos, ejecutivos y de control y vigilancia.
Gobierno corporativo
Los propósitos del buen gobierno corporativo son los de generar confianza, demostrar y trabajar con transparencia, mantener la reputación contribuyendo al buen prestigio y a la buena imagen corporativa, trabajar en armonía, usar de manera eficiente los recursos financieros, naturales y humanos y equilibrar las necesidades de la organización y sus grupos de interés
¿Qué es el buen gobierno corporativo? Es la compilación de normas legales, estatutarias, principios éticos y administrativos que sistematizan el diseño, integración y buenas normas, con el fin de instituir un estilo de gobierno que procure equidad, integridad, responsabilidad y la transparencia, que coadyuve en la estabilidad, seguridad y confianza institucionales.
El buen gobierno en el sector solidario
En la economía solidaria, la principal finalidad del gobierno corporativo es generar transparencia, objetividad y equidad en el trato de los asociados de la organización, la gestión de los órganos de administración, y la responsabilidad frente a los asociados y terceros; pretende la satisfacción de las necesidades de sus asociados, no la obtención de utilidades por inversiones y tiene un enfoque externo e interno
El buen gobierno corporativo, entonces, propende por mejorar la administración y el control de las organizaciones solidarias, especialmente fortaleciendo la autonomía, el autogobierno y el autocontrol; dando un tratamiento igualitario y buenos servicios a los asociados; haciendo divulgación oportuna y fluida de la información; actuando con transparencia, eficiencia y probidad para la sostenibilidad y crecimiento de las empresas a través del adecuado manejo de los riesgos; siendo competitivos para consolidar la misión legal de las empresas solidarias; y utilizando mecanismos internos para revelar, administrar y prevenir riesgos inherentes a la actividad económica.
¿A quiénes involucra?: el gobierno corporativo está orientado fundamentalmente a los asociados de la organización solidaria, a sus proveedores de bienes y servicios, al sector solidario, a los organismos reguladores de control y vigilancia del Estado y que tengan competencia sobre la actividad de la institución, a sus competidores, a la dirección y la gerencia y a sus empleados.
El ámbito de aplicación del buen gobierno corporativo aplica a las cooperativas de ahorro y crédito, de aporte y crédito, las multiactivas e integrales, con o sin sección de ahorro y crédito, a los fondos de empleados, a las asociaciones mutualistas, a las instituciones auxiliares del cooperativismo y a las demás organizaciones bajo la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
De acuerdo con el Decreto 962 de 2018 para su formalización es necesario incorporar los requisitos, condiciones y criterios dentro de los reglamentos o manuales con sujeción a los lineamientos de los estatutos sociales, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 454 de 1998, y los Decretos Ley 1480 y 1481 de 1989, según corresponda.
Por tratarse de documentos dinámicos y de permanente aplicación, los directivos y administradores de estas organizaciones, así como los órganos de control y vigilancia deben tener una actitud proactiva y colaborativa para introducir las innovaciones que mejoren y viabilicen el buen gobierno corporativo, en la gestión y el control. Para ello se recomienda generar procesos de innovación para mejorar el buen gobierno y la disciplina institucional basados en los principios de equidad, trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación, sin ánimo de lucro, y compromiso con el entorno.
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