En los últimos diez años, la bancarización y la inclusión financiera han cobrado relevancia en política de gobiernos en economías desarrolladas y emergentes, y en organizaciones multilaterales. Ahora, los individuos, empresas o grupos sociales que acceden y usan los productos financieros formales, aspiran a que ese acceso sea de calidad con servicios responsables y sostenibles, facilitando la cotidianidad y ayudando a familias y empresas a mejorar su nivel general de vida.
La inclusión financiera en Latinoamérica ha sido paulatina como estrategia o política, veamos: Brasil (2012), Ecuador (2013), Paraguay (2014), Haiti y Honduras (2015); Colombia, México, Jamaica y Uruguay (2016) y Argentina y Perú (2019).
Para los expertos, la insuficiente inclusión financiera retrasa el desarrollo y el crecimiento económico, impide el buen funcionamiento de las políticas macroeconómicas y contribuye a la desigualdad social. Si la exclusión financiera equivale a una forma de exclusión social, entonces, la economía solidaria tiene una oportunidad para contribuir a reducir la pobreza e impulsar la prosperidad, pues, tiene mecanismos de capacitación y asistencia técnica, que junto con el Sena, las Umata y Finagro, podrían unirse para propiciar la inclusión financiera y acceder a recursos públicos de destinación social.
Por lo menos un tercio de la población mundial aún no utiliza servicios financieros formales y muchos pobres no tienen cuenta bancaria. Para mejorar esta situación es fundamental la educación económica y financiera, particularmente en el sector rural excluido dada la precaria situación en materia de inclusión financiera.
Aunque en bancarización, con usuarios en instituciones financieras formales, cooperativas o uniones de crédito reguladas, se ha avanzado, la inclusión no ha sido igual en hogares pobres, el sector rural y las PYMES. El programa de Banca de las Oportunides dio mayor acceso, educación financiera y provisión de servicios para población no incluida y la Comisión Intersectorial coordina y orienta la estrategia.
Datos de la banca de las oportunidades muestran que a diciembre del 2020 el indicador de acceso mejoró a 87,6% (32,0 millones) y el indicador de uso a 72,6% (26,4 millones). Los recientes avances los explica el ingreso solidario y compensación del IVA, los programas de transferencias monetarias del Gobierno y en respuesta a la coyuntura del Covid-19, aumentó el uso de productos financieros, especialmente depósitos digitales.
Al bancarizar se da acceso a pagos y transferencias fáciles y rápidas, crédito barato, ahorro más seguro y mejores condiciones. Las telecomunicaciones facilitan la penetración de las empresas FinTech, acceso a WiFi y a soluciones financieras digitales. La población rural tiene acceso a servicios y productos financieros con equidad, se contribuye a disminuir la pobreza y la desigualdad, genera mayor crecimiento económico y emprendimiento de actividades productivas, contribuye al bienestar financiero individual y colectivo, mejora la economía popular y las finanzas inclusivas.
Carlos Pineda
Director
