Según la presidenta de Asomicrofinanzas, se requiere trabajar por las familias en los 969 municipios con más necesidades.
Los logros que Colombia ha tenido en los últimos años en materia de reducción de la pobreza extrema podrían estar en peligro, en caso de que la actual crisis por la expansión del coronavirus se acentúe y más de 3,2 millones de familias en las regiones apartadas y con más necesidades no sean atendidas con liquidez y programas sociales.
Así lo considera María Clara Hoyos, presidenta de Asomicrofinanzas, gremio que representa a la industria para promover la inclusión financiera y otros servicios afines.
Ese grupo de familias están desarrollando microempresas que son negocios productivos o son dedicados a la manufactura, comercio o servicios. Y un aspecto fundamental es la tarea que desarrollan en el sector agropecuario y que en gran parte está atendiéndose con Finagro.
La directiva asegura que “tenemos presencia en los 1.103 municipios del país y de estos 969 son los que están clasificados por el Dane en categoría 6, o sea los más pobres”.
Esos municipios, dice, tienen una gran diversidad de pequeños negocios que se atienden con servicios financieros y no financieros para ayudarlos en la superación de la pobreza.
SALIERON DE LA POBREZA EXTREMA
Lo clave, según la presidenta del gremio, es que muchas de esas 3,2 millones de familias salieron de la pobreza extrema y dejaron de recibir los subsidios del Estado.
“Los hijos pudieron ir al colegio y muchos también a la universidad, pero siguen siendo una población vulnerable que puede volver a caer en la pobreza extrema, pues con esta crisis están sin capital de trabajo y prácticamente se han tenido que comer lo que venían”, advierte Hoyos.
Lo particular de este grupo poblacional es que ante pequeños estímulos pueden reaccionar rápido para volverse a activar como unidades de negocio y no requieren de los protocolos que medianas y grandes empresas necesitan para volver a la producción.
Un reciente estudio realizado por el Banco de la República resalta que “en promedio las familias están compuestas por tres personas que a su vez generan tres puestos de trabajo por lo que su impacto es importante, pues estamos hablando del 30% de la población”.
Sin embargo, el 80% son informales y el 20% restante, formales.
Por esto es que la presidenta de Asomicrofinanzas pide que el Gobierno atienda con créditos y liquidez a ese sector.
EFECTO EN CADENA
Y es que en el panorama hay más riesgos, pues aparte de que la pobreza extrema podría volver a incrementarse, el sector que atiende a este nicho de población también entraría en crisis. “Volveríamos a botar a la gente contra el gota a gota y sus efectos perversos para la sociedad”, sostiene Hoyos.
Más de 30 entidades que prestan servicios de microfinanzas tienen como accionistas a fundaciones, ONG sin ánimo de lucro que reinvierten utilidades para asegurar su sostenibilidad en el tiempo.
Este segmento de clientes es quizás el más afectado por la crisis y, por su perfil, su nivel de riesgo -que ya era alto antes-, ahora lo es mucho más en un entorno de baja actividad económica, indica la presidenta de Asomicrofinanzas.
Para que los clientes puedan pagar sus deudas actuales y afrontar nuevos créditos necesitan una solución integral que incorpore mayores plazos, menores cuotas, periodos de gracia y un alivio en los costos de los créditos.
Hoyos concluye que es prioritario proteger a los microempresarios, pero también a las entidades microfinancieras que han desempeñado un papel clave en inclusión financiera, reducción de la pobreza y lucha frontal al crédito informal.
