Durante el XVIII Congreso de Riesgo para el Sector Solidario, la firma RICS Management, indicó que el papel del sector en el cumplimiento de las políticas SARLAFT se ha venido cumpliendo pero faltan esfuerzos.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, abogado de la Universidad Externado de Colombia y Presidente de la firma RICS Management, señaló que si bien se están haciendo esfuerzos desde el sector solidario para estar al día en el cumplimiento de las políticas SARLAFT, el avance es muy lento.
El directivo, también añadió que la Superintendencia de la Economía Solidaria debe entregar más y mejores herramientas a las entidades adyacentes. Las declaraciones fueron hechas en el marco del XVIII Congreso de Riesgo para el Sector Solidario de Asoriesgo que se cumplió en la ciudad de Pereira.
¿Cómo va el indicador de cumplimiento de las políticas SARLAFT en el sector solidario?
Sobre el indicador de cumplimiento en Colombia en lo que se refiere en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, desde la normatividad de la Superintendencia de Economía Solidaria, se reconocen los esfuerzos que se han hecho y los avances en la reciente modificación pero lamentablemente no son suficientes.
¿Qué hace falta para avanzar?
Es muy importante trabajar en equipo, tanto con los sujetos como cooperativas, fondos de empleados y todos aquellos que son supervisados por la entidad, pero de la mano también de actividades de supervisión con la labor de la Fiscalía General, entes judiciales y por supuesto de la Unidad de Inteligencia Financiera y jueces de la república.
¿Desde la Super, como podrían avanzar las entidades en este tema?
Es muy importante que la misma Superintendencia aplique un enfoque de riesgo en supervisión y que también las entidades lo entiendan, y que de esa manera pongamos foco en lo que realmente es importante en la lucha contra el crimen organizado. Hay muchas guías, entre ellas las internacionales para el efecto. Le recomendamos a la Super que tenga en cuenta en sus labores diarias, por ejemplo la supervisión extra situ que estuvo tan de moda en época Covid 19, y escoger muy bien las entidades que van a ser objeto de visitas presenciales.
¿Qué ha cambiado en cuanto a la supervisión este año?
Los avances que se han dado tienen que ver con las cartillas de supervisión con enfoque basado en riesgo para diferentes entidades en Colombia. También muy importante tener en cuenta el enfoque que tienen que tener las entidades pero no solamente de lavado de activos y lucha contra la financiación del terrorismo. Además de una tarea pendiente para nuestro país y es regular el riesgo de financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, que es un compromiso que asumió el país y que no sólo puede ser un cambio cosmético con la legislación o el nombre, pero huyendo de procedimientos y una legislación acorde al nivel de exposición que tenga Colombia.
¿Qué recomendaciones deben tomar en cuenta las entidades del sector solidario?
Recomendaría varias cosas: la primera que se garantice el buen tono en la alta gerencia. El segundo y es que el oficial tenga cuatro características plena; autonomía, independencia, recursos y autoridad. El tercero es que sigan trabajando en capacitación pero no solamente en esos espacios, sino en generar la capacidad de habilidades sino también en talleres y juegos de rol. Y el último, que se puedan socializar las sanciones que se han impuesto por el incumplimiento de la normativa y a partir de allí aprender de esas sanciones para que los demás entidades puedan “recalibrar” sus modelos antilavado en contra de la financiación del terrorismo y proliferación de armas.